Por Kate Quiñones
CNA Staff, Dic 20, 2024 / 17:30 pm
Una mujer de Florida fue condenada el jueves por conspiración contra centros de recursos para embarazadas provida, anunció el viernes el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).
Gabriella Oropesa fue condenada "por su papel en una conspiración para dañar, oprimir, amenazar o intimidar a empleados de centros de ayuda a embarazadas provida en el libre ejercicio del derecho a proporcionar y tratar de proporcionar servicios de salud reproductiva", rezaba el comunicado de prensa del DOJ del 20 de diciembre.
Oropesa fue condenada en virtud de la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas (Freedom of Access to Clinic Entrances, FACE), que se ha utilizado en el pasado para supuestamente perseguir a activistas provida por bloquear las entradas de las clínicas. La Ley FACE prohíbe "conductas violentas, amenazadoras, dañinas y obstructivas con la intención de lesionar, intimidar o interferir en el derecho a buscar, obtener o proporcionar servicios de salud reproductiva."
Muchos activistas provida han sido condenados en virtud de la Ley FACE en los últimos años, entre ellos varios ancianos, una joven madre y un sacerdote católico. Los legisladores republicanos de la Cámara discutieron la derogación de la Ley FACE a principios de esta semana después de escuchar testimonios que alegaban que la ley ha sido utilizada como arma contra los manifestantes provida.
Oropesa y tres co-conspiradores habían destrozado centros de salud para embarazadas que ofrecían alternativas al aborto con mensajes amenazantes. Caleb Freestone, Amber Stewart-Smith y Annarella Rivera se declararon culpables por su implicación en los hechos.
Los cuatro habían destrozado una serie de centros de ayuda a embarazadas provida en Florida, pintando con spray mensajes amenazadores como "Si los abortos no son seguros, tú tampoco lo eres", "¡¡¡SU TIEMPO SE ACABÓ!!!", "VENIMOS a por ti" y "Estamos en todas partes".
"La Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas es clara: nadie debería tener que enfrentarse a amenazas e intimidaciones sólo por hacer su trabajo", dijo en un comunicado la fiscal general adjunta Kristen Clarke, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.
"El Departamento de Justicia seguirá garantizando el acceso a toda la gama de servicios de salud reproductiva que se ofrecen al público, tanto si esos servicios incluyen el aborto como el asesoramiento sobre alternativas al aborto", continuó Clarke.
El fiscal federal Roger Handberg, del distrito central de Florida, reiteró que el acceso a las clínicas de salud reproductiva está protegido por la legislación federal.
"La ley federal protege a los proveedores que prestan servicios de salud reproductiva y a quienes buscan sus servicios", dijo Handberg en un comunicado. "Las amenazas de violencia contra los centros de recursos para el embarazo o contra quienes ejercen su derecho a la atención no serán toleradas".
La audiencia de sentencia está programada para el 19 de marzo de 2025. Oropesa se enfrentará a una pena máxima de 10 años de prisión por el cargo de conspiración, según el DOJ.
El caso contó con la investigación de la oficina de campo del FBI en Tampa, así como de los departamentos de policía locales.
En un centro de embarazos de Hialeah (Florida), Heartbeat of Miami, el vandalismo causó daños por valor de miles de dólares. El centro para embarazadas de la Archidiócesis de Miami en Hollywood y el Centro de Ayuda a Embarazadas de South Broward, situado al norte de Miami, también fueron objeto de los ataques. En South Broward, las palabras "Jane's revenge" (La venganza de Jane) y un símbolo anarquista también fueron grafiteados en la propiedad.
South Broward.
