Por Hannah Brockhaus
Ciudad del Vaticano, 28 de febrero de 2025 / 12:50 pm
El departamento vaticano para la interpretación de la ley de la Iglesia ha desaconsejado publicar acusaciones que dañen la reputación de alguien, como las acusaciones de abusos, sin razones legítimas y proporcionadas, especialmente si la persona ha fallecido y, por tanto, no puede defender su buen nombre.
En una carta publicada recientemente, el Dicasterio para los Textos Legislativos hace referencia al canon 220 del Código de Derecho Canónico, que prohíbe la calumnia y la difamación, para argumentar que "supuestas razones de transparencia o reparación" o un "genérico 'derecho a la información'" no son suficientes para justificar la publicación de acusaciones penales no probadas.
La carta a un monseñor no identificado respondía a una pregunta sobre la "bona fama defuncti", que en latín significa "buena fama del difunto". Fechada el 5 de septiembre de 2024, fue publicada en el sitio web del dicasterio en una sección con aclaraciones legales.
Aunque la carta no mencionaba un delito o conjunto de delitos específicos, sí hacía referencia a una declaración del Papa Francisco de una reunión vaticana de febrero de 2019 sobre la protección de los menores contra los abusos sexuales en la Iglesia, en el sentido de que "es necesario impedir la publicación de listas de acusados, incluso por parte de las diócesis, antes de la investigación previa y la condena definitiva."
Es una práctica habitual de las diócesis o de las comisiones independientes de abusos publicar informes de acusaciones creíbles de abusos sexuales en los que figuran los nombres de los sacerdotes y religiosos acusados, incluidos algunos ya fallecidos.
El dicasterio se mostró en desacuerdo con este planteamiento, afirmando que "la respuesta sólo puede ser negativa respecto a la divulgabilidad de noticias ocultas que conciernen a cualquier persona, tanto más cuando se trata de personas fallecidas."
La página web del dicasterio señala que la carta "no posee el valor formal de una interpretación auténtica", sino que responde a cuestiones individuales sobre la aplicación del derecho canónico "consideradas de interés general"
La carta, firmada por el prefecto del dicasterio, el arzobispo Filippo Iannone, OCarm, y el secretario, monseñor Juan Ignacio Arrieta, señala que para la respuesta se consultó a dos expertos canónicos de gran prestigio.
Dado que el canon 220 del Código de Derecho Canónico dice que "a nadie le está permitido dañar ilegítimamente la buena fama que una persona posee", cita la carta, significa que "en algunos casos la lesión del buen nombre puede ser legítima, por ejemplo, para evitar cualquier peligro o amenaza a las personas o a la comunidad."
"En consecuencia", proseguía, "no sería legítima en absoluto cuando tal riesgo deba excluirse razonablemente, como en el caso de presuntos delincuentes fallecidos, en el que no puede haber razón legítima ni proporcionada para la lesión de la reputación."
El Dicasterio para los Textos Legislativos citó dos principios del derecho: la presunción de inocencia de una persona hasta que se demuestre judicialmente lo contrario y la "retroactividad", que dice que alguien no puede ser condenado o acusado por una conducta que no era formalmente delito en el momento en que se cometió.
En este último caso, la carta decía que un ejemplo serían "las llamadas omisiones de los deberes generales de vigilancia."
El dicasterio subrayó que estos principios jurídicos no pueden ser fácilmente anulados para poner en el dominio público informaciones, por creíbles que sean, que irían en "perjuicio concreto y daño existencial de los personalmente afectados, tanto más si son inexactas, o incluso infundadas o falsas, o completamente inútiles como las que conciernen a personas fallecidas"."
