Por Monasa Narjara
São Paulo, Brasil, Nov 22, 2024 / 16:50 pm
El 21 de noviembre, la Policía Federal de Brasil acusó al padre José Eduardo de Oliveira e Silva, de la diócesis de Osasco, en el estado de São Paulo, como parte de un grupo de 37 personas que incluye al expresidente Jair Bolsonaro, como sospechoso de planear la abolición violenta del Estado democrático de derecho, planear un golpe de Estado y pertenecer a una organización criminal.
Según las autoridades, la publicación de la lista de acusados en el informe final de la investigación sobre el supuesto golpe de Estado fue autorizada por el Supremo Tribunal Federal del país.
Los cargos se derivan de la investigación de la Policía Federal sobre un supuesto complot para asesinar al entonces presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, a su vicepresidente, Geraldo Alckmin, y al juez del Supremo Tribunal Alexandre de Moraes. Militares y policías militares ya han sido detenidos en relación con la investigación.
A pesar del anuncio de la policía, la fiscalía no está obligada a seguir adelante con el procesamiento de las personas implicadas ni con los supuestos delitos imputados.
El abogado defensor del sacerdote, Miguel Vidigal, dijo a ACI Digital, socio de noticias de CNA en portugués, que "el comunicado de prensa de la Policía Federal con la lista de acusados es un abuso más de los responsables de la investigación, y publicarlo en el sitio web oficial del departamento de policía contamina a toda la institución".
"¿Quién autorizó a la Policía Federal a romper el secreto de las investigaciones? Hasta donde sabemos, el juez [del Tribunal Supremo] Alexandre de Moraes decretó el secreto absoluto", dijo el abogado.
"Hasta ahora no hay ninguna decisión de [él] que anule tal determinación", añadió.
"Menos de siete días después de prestar declaración a la Policía Federal", el padre José Eduardo "ve su nombre impreso [en la lista] de la Policía Federal como uno de los acusados por los investigadores". Los mismos investigadores no escatimaron en violar la ley y los tratados internacionales al hurgar en las conversaciones y la dirección espiritual del sacerdote que tienen garantía de confidencialidad, denunció Vidigal.
En febrero, el sacerdote fue objeto de una operación de allanamiento e incautación por parte de la Policía Federal que fue autorizada por el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes. El sacerdote fue acusado de formar parte del "núcleo legal" del supuesto golpe de Estado, por el que también fueron investigados el expresidente Bolsonaro, asesores, aliados, militares y exministros de su gobierno.
Este reportaje fue publicado primero por ACI Digital, socio de noticias en portugués de CNA. Ha sido traducida y adaptada por ACI Prensa/CNA.
