Por Kate Quiñones
CNA Staff, Dec 17, 2024 / 16:40 pm
Aquí un resumen de las últimas actualizaciones relacionadas con la vida y el aborto.
Linda Gibbons no es una abuela cualquiera. Este año ha sido detenida cuatro veces, todas ellas por su activismo provida frente a clínicas abortistas.
La canadiense de 76 años entró y salió esposada de un tribunal de Ontario antes de ser finalmente absuelta el 5 de diciembre. La juez de Ontario Maria Speyer dictaminó que Gibbons no era culpable de delito contra la propiedad.
Gibbons estaba siendo juzgada por sostener un cartel frente a un centro abortista de Toronto que practica abortos hasta la mitad del segundo trimestre de embarazo.
Gibbons se situó en la zona de seguridad de 50 metros, promulgada en 2017 como parte de la Ley de Acceso Seguro a los Servicios de Aborto. Sostenía su característico cartel con la imagen de un niño pequeño que decía: "¿Por qué mamá? Cuando tengo tanto amor que dar".
Gibbons "no abordó a nadie ni obstaculizó a ningún paciente mientras se dirigían a la clínica, aparte de tener que pasar a su alrededor", determinó el juez. El juez dictaminó que Gibbons "nunca pisó el pasillo que conduce a la puerta", por lo que no es culpable de travesura.
Gibbons, que permaneció en silencio durante la vista, ha pasado un total de casi 11 años en prisión por su trabajo a favor de la vida. Llevaba en la cárcel desde junio.
"Se hizo justicia con Linda", dijo a CNA Pete Baklinski, director de comunicaciones de Campaign Life Coalition, la organización provida nacional de Canadá.
"El juez vio claramente que las acciones de Linda de dar testimonio pacífico de la vida frente a la fábrica de abortos no equivalían en modo alguno a la actividad delictiva de 'travesura'. Mi esperanza es que esta sentencia se sume a la creciente jurisprudencia de que los defensores de la vida tienen derecho a hablar frente a los centros abortistas y que se utilice en futuros casos para defender su derecho", dijo Baklinski.
Un legislador republicano ha presentado un proyecto de ley para aumentar la protección de los niños no nacidos y clasificar el aborto como un delito grave para los proveedores. El proyecto de ley de la Cámara 1008 del representante de Oklahoma Jim Olsen, si se aprueba, reviviría un proyecto de ley anterior del Senado que fue anulado por el Tribunal Supremo de Oklahoma después de haber sido firmado como ley en 2022.
Olsen reescribió la SB 612 para que coincidiera con las preferencias del fallo del Tribunal Supremo de Oklahoma. H.B. 1008 prohíbe a los proveedores realizar abortos "a menos que sea necesario para preservar la vida de una mujer embarazada." El proyecto de ley ofrece más protección a los niños no nacidos al exigir al proveedor médico que preserve tanto la vida de la madre como la del bebé siempre que sea posible, a menos que el nacimiento del niño suponga una amenaza para la vida de la madre. Actualmente, el aborto sólo es legal en Oklahoma para salvar la vida de la mujer embarazada.
El proyecto de ley también tipificaría como delito la práctica de un aborto, con una multa de hasta 100.000 dólares, penas de cárcel de hasta 10 años, o ambas. El proyecto de ley especifica que esto no se aplicaría a una mujer con cualquier delito penal en la muerte de su propio hijo no nacido. Tampoco prohibiría los fármacos anticonceptivos utilizados antes del momento en que pudiera determinarse el embarazo. El proyecto de ley señala que un médico no sería responsable si el tratamiento médico proporcionado a una mujer embarazada provocara accidentalmente lesiones o la muerte del feto.
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La enmienda pro-aborto de Missouri que legaliza el aborto entró en vigor el 6 de diciembre, pero las clínicas locales de Planned Parenthood todavía están esperando para comenzar los abortos a la espera de un fallo judicial sobre si las restricciones al aborto que todavía están en los libros son válidas.
Planned Parenthood Great Plains y Planned Parenthood Great Rivers, junto con ACLU de Missouri, están a la espera de la decisión de un juez antes de comenzar a realizar abortos después de demandar la derogación de las regulaciones sobre las clínicas de aborto.
Algunas de las regulaciones incluyen un período de espera de 72 horas entre una cita inicial y un aborto y un requisito de que el mismo abortista que vio al paciente sea el que realice el aborto. La ley también exige que los abortistas tengan privilegios de admisión en el hospital. Gracias a estos requisitos, los abortos se redujeron de una media anual de 5.000 a 167 en 2020. Tras el caso Roe contra Wade, entró en vigor una ley gatillo que protegía a los niños no nacidos, excepto cuando los abortos eran médicamente necesarios. En noviembre, Missouri aprobó la Enmienda 3, que añadió "un derecho fundamental a la libertad reproductiva" a la constitución estatal.
