Por Tyler Arnold
Washington, D.C. Newsroom, Dec 19, 2024 / 17:35 pm
Los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes debatieron el miércoles la derogación de la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas (FACE, por sus siglas en inglés) después de escuchar testimonios que alegaban que la ley ha sido utilizada como arma contra los manifestantes provida.
La Ley FACE, que ha sido ley federal durante 30 años, impone penas de prisión más duras para las personas que obstruyen el acceso a las clínicas de aborto o centros de recursos para embarazadas pro-vida. Sin embargo, bajo el Departamento de Justicia (DOJ) del presidente Joe Biden, la ley se ha utilizado casi exclusivamente para condenar a manifestantes pro-vida.
El representante Chip Roy presentó una legislación para derogar la Ley FACE en 2023, pero el proyecto de ley no logró salir del Comité Judicial. Si un esfuerzo de derogación fuera a pasar a la Cámara, tendría que superar el filibustero en el Senado por conseguir el apoyo de siete demócratas en la próxima sesión. La iniciativa no ha obtenido el apoyo de ningún legislador demócrata.
El miércoles 18 de diciembre, los legisladores escucharon testimonios sobre la supuesta persecución de activistas provida en una audiencia del Subcomité Judicial de la Constitución y Gobierno Limitado de la Cámara de Representantes.
Roy, que preside el subcomité, señaló durante la audiencia que el DOJ de Biden presentó 25 casos de la Ley FACE contra más de 50 delincuentes.
Sólo dos de esos casos fueron contra activistas pro-aborto que destrozaron centros de recursos para embarazadas pro-vida a pesar de los numerosos ataques tras la anulación de Roe v. Wade por el Tribunal Supremo. El resto se han invocado contra manifestantes provida.
Más de una docena de activistas provida, varios de ellos ancianos y con problemas de salud, están en prisión o a la espera de sentencia por violaciones de la Ley FACE.
Lauren Handy, de 31 años, que fue condenada a la pena más larga, cumple cuatro años y nueve meses de prisión. Otras activistas que cumplen al menos dos años son Paulette Harlow, de 75 años, y Jean Marshall, de 74 años. La activista de más edad condenada bajo el mandato de Biden es Eva Edl, de 89 años, superviviente de un campo de concentración comunista en la antigua Yugoslavia, que actualmente espera sentencia.
"La aplicación desigual de la ley no es realmente ley", dijo Roy. "Es una tiranía impuesta a quienes no tenían el poder por quienes sí lo tienen. Eso es contrario a todo lo que creemos como estadounidenses".
Paul Vaughn, condenado por violar la Ley FACE por su participación en una protesta en marzo de 2021 en una clínica abortista de Mt. Juliet, Tennessee, declaró en la vista que rezó pacíficamente pero que nunca impidió personalmente a nadie la entrada a la clínica. Otros asistentes a la manifestación participaron en una sentada no violenta frente a las puertas de la clínica y también fueron condenados.
"No hice nada que estuviera fuera de mi libertad de expresión y libertad religiosa protegidas por la Constitución", dijo Vaughn. "Ese día no hice nada que no haya hecho muchas veces desde que se aprobó [la Ley FACE] en 1994. No me senté, no infringí ninguna ley, ni federal ni local, y no me detuvieron el día del acto."
Aunque la policía local no le detuvo, la Oficina Federal de Investigación (FBI) allanó su casa en octubre de 2022 para arrestarle bajo cargos de la Ley FACE, casi un año y medio después.
"Asaltaron mi casa, aterrorizaron a mi mujer y a mis hijos, y cuatro hombres armados me secuestraron a punta de pistola", dijo. "Acababa de enviar a tres de mis hijos al coche para poder llevarlos al colegio cuando la casa empezó a temblar por unos fuertes golpes cerca de la puerta principal.
"Abrí la puerta y salí al porche, con los cañones de una pistola y un arma automática apuntándome a la cabeza", añadió.
Vaughn no fue condenado a prisión, pero sí a tres años de libertad vigilada. Testificó que para él "todo este proceso es [todavía] un castigo".
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"Hay quienes están hoy en la cárcel mientras discutimos este abuso, algunos de ellos desde hace más de un año en este momento", dijo Vaughn.
Durante la audiencia, Roy reiteró su llamado a derogar la Ley FACE e instó al presidente electo Donald Trump a indultar o conmutar las sentencias de los activistas provida condenados bajo la ley, algo que Trump ha dicho que tiene la intención de hacer.
El representante Dan Bishop, uno de los miembros republicanos del comité, dijo durante la audiencia que "me parece preocupante."
"Tienes armas desenfundadas y apuntando a la cabeza de un hombre y [tienes] a sus hijos... parados a un lado", dijo Bishop, añadiendo que "estamos en un entorno en el que siempre estamos hablando de [cómo] los agentes de policía deben reducir la tensión [en situaciones]."
La representante republicana Harriet Hageman dijo que el "abuso de la Ley FACE es un intento de criminalizar el libre pensamiento y la capacidad de la gente para ... protestar pacíficamente."
"Es un día triste en Estados Unidos cuando alguien que está rezando ... [para] ser detenido años más tarde por ese comportamiento", agregó.
El representante republicano Tom McClintock añadió que la Ley FACE "está siendo administrada por personas con prejuicios políticos" y cuestionó si había una manera de prevenir la militarización sin derogar la totalidad de la ley.
Los demócratas, sin embargo, se mostraron en desacuerdo con que la ley se haya convertido en un arma y subrayaron que los legisladores deberían mantener en vigor las normas de la Ley FACE.
"[Los republicanos] en realidad sólo se están dando otra oportunidad para señalar su apoyo a los extremistas que conspiran para criminalizar o bloquear el acceso al aborto en todo el país", dijo la representante demócrata Mary Scanlon.
El representante demócrata Jerry Nadler dijo: "Los republicanos no han encontrado ninguna -cero- prueba creíble o directa que apoye sus afirmaciones engañosas sobre lo que alegan que es la aplicación desigual de la Ley FACE por parte del Departamento de Justicia".
"Los extremistas antiaborto siguen utilizando la violencia, las amenazas y la interrupción para frenar el acceso al aborto", dijo Nadler. "Así que los republicanos quieren derogar la ley que protege explícitamente a los pacientes, proveedores e instalaciones que prestan servicios de salud reproductiva de estas amenazas continuas".
El director del FBI, Christopher Wray, y el fiscal general, Merrick Garland, han negado que el FBI o el Departamento de Justicia hayan tenido como objetivo a los activistas provida con procesamientos en virtud de la Ley FACE.
