Por Tyler Arnold
Sala de prensa de Washington, D.C., 26 mar 2025 / 09:30 am
La Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en inglés) insta al presidente Donald Trump a garantizar que las violaciones de la libertad religiosa por parte de gobiernos extranjeros tengan consecuencias graves, como sanciones, para los agresores.
La USCIRF, que es una comisión federal encargada de proporcionar recomendaciones políticas sobre el avance de la libertad religiosa en el extranjero, transmitió esas recomendaciones en su Informe Anual 2025 publicado el 25 de marzo.
"Realizar cambios políticos apropiados para demostrar consecuencias significativas y fomentar un cambio positivo", recomienda el informe.
El informe insta a la administración Trump a imponer consecuencias a los países que el Departamento de Estado de Estados Unidos designa actualmente como países de especial preocupación (CPC), que es la etiqueta que se da a los países con violaciones "sistemáticas, continuas y atroces" de la libertad religiosa.
El Departamento de Estado designa a 12 países como CPC, entre ellos China, Cuba, Irán, Nicaragua, Pakistán, Rusia y Arabia Saudí. El informe recomienda renovar estas designaciones y añadir otros cuatro países a la lista de CPC: Afganistán, India, Nigeria y Vietnam.
Durante el último año del primer mandato de Trump, el departamento designó a Nigeria como CPC, pero esa designación no fue renovada por el expresidente Joe Biden. El USCIRF instó repetidamente a la administración anterior a incluir a Nigeria en la lista durante el mandato de Biden.
Decenas de miles de personas han sido asesinadas en la violencia étnica y religiosa en Nigeria en los últimos años. Los cristianos tenían 6,5 veces más probabilidades de ser asesinados y 5,1 veces más probabilidades de ser víctimas de secuestro. Sin embargo, los musulmanes y otros grupos religiosos también han sido víctimas de la violencia.
"Las condiciones de libertad religiosa en Nigeria [han] seguido siendo malas", señala el informe. "Los gobiernos federal y estatales siguieron tolerando ataques o no respondieron a las acciones violentas de actores no estatales que justifican su violencia por motivos religiosos".
El informe señala además que "en 2024, las condiciones de libertad religiosa en Nicaragua seguían siendo pésimas". El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha expulsado a religiosas, cerrado escuelas católicas y medios de comunicación, y encarcelado a decenas de clérigos católicos que se oponen a su gobierno socialista. Su régimen también ha atacado a otras confesiones cristianas.
"Las comunidades religiosas de Nicaragua han seguido mostrando una notable resistencia ante tales amenazas", señala el informe. "Sus miembros se reúnen discretamente -a veces en mitad de la noche- para ejercer su libertad de religión o creencia. Siguen ayudándose mutuamente y satisfaciendo las necesidades espirituales de la comunidad, aunque el gobierno nicaragüense considera deplorables todos estos modestos actos".
Aunque la ley federal exige que las administraciones tomen medidas contra los designados por el CPC, un informe publicado por el USCIRF el pasado mes de septiembre concluía que, desde 1998, unas 164 designaciones del CPC sólo han dado lugar a tres nuevas sanciones y a un "acuerdo vinculante" firmado con Estados Unidos. En su informe de 2025, el USCIRF insta a la nueva administración a cambiar este enfoque mediante la revisión de sus políticas hacia los países CPC en los que existen exenciones. También insta a los funcionarios de Trump a que consideren levantar las exenciones existentes y a que no emitan exenciones para futuros designados del CPC.
Las recomendaciones incluyen sanciones selectivas contra los talibanes en Afganistán, la junta militar en Myanmar, ciertas entidades y funcionarios del Partido Comunista Chino (PCCh) y funcionarios del gobierno de Eritrea. También anima a imponer sanciones específicas en Irán, Nicaragua y la India a personas y entidades que violan la libertad religiosa.
Además, la comisión insta a Trump a nominar o nombrar a personas para ocupar puestos clave que sean relevantes para la libertad religiosa en el extranjero.
El informe también anima a la administración Trump a reasentar a los refugiados que huyen de la persecución religiosa a través del Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos, un programa que Trump ha puesto en pausa. También solicita que la administración establezca un plan para cumplir plenamente con las leyes de asilo.
Los comisionados del USCIRF son nombrados por periodos de dos años. Tres son elegidos por el presidente y los otros por los líderes de la Cámara de Representantes y el Senado. La mayoría de los mandatos de los miembros actuales terminan en mayo de 2026, aunque uno de los mandatos de uno de los designados por Biden expirará en mayo de 2025.
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