Por Monasa Narjara
Brasilia, Brasil, 21 de diciembre de 2024 / 09:00 am
La Comisión Brasileña de Justicia y Paz y el Consejo Nacional de Laicos de Brasil, ambos órganos de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), encabezan una petición para que las autoridades "responsabilicen legal, rigurosa y ejemplarmente a todos los autores de violencia contra el Estado Democrático de Derecho, para que nunca más se articulen en este país intentos golpistas contra el pueblo brasileño"."
El documento rechaza "cualquier iniciativa dirigida a la impunidad de los golpistas" que supuestamente planearon, en 2022, impedir la investidura del entonces presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva.
El documento del 15 de diciembre lleva las firmas de comisiones pastorales de varias diócesis, comunidades eclesiales de base, órdenes religiosas, comisiones diocesanas de justicia y paz, organizaciones laicas de ecologistas, feministas, asociaciones profesionales, secciones del Partido de los Trabajadores y del Partido Socialismo y Libertad (Psol). En total, el documento cuenta con más de 400 firmantes.
El documento comienza citando un fragmento (nº 208) de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. "Necesitamos aprender a desenmascarar las diversas formas en que la verdad es manipulada, distorsionada y ocultada en el discurso público y privado. Lo que llamamos "verdad" no es sólo la narración de hechos y acontecimientos, como la que encontramos en los periódicos. Es principalmente la búsqueda de las bases sólidas que sustentan nuestras decisiones y nuestras leyes"
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro y otras 35 personas fueron acusadas por la Policía Federal el 21 de noviembre como sospechosos de los delitos de abolición violenta del estado democrático de derecho, golpe de Estado y organización criminal.
Según la Policía Federal, el objetivo de los golpistas era matar al entonces presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, a su vicepresidente, Geraldo Alckmin, y al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes. La acción, denominada "Puñal Verde y Amarillo", sería llevada a cabo el 15 de diciembre de 2022 por militares entrenados en Fuerzas Especiales.
Para los órganos de la CNBB, "Brasil no puede convivir pasivamente con sucesivos intentos de golpe contra la democracia por parte de sectores de militares, élites empresariales y terratenientes, banqueros, reaccionarios políticos, medios de comunicación empresariales y fundamentalistas religiosos (como algunos sacerdotes católicos nombrados en la investigación de la Policía Federal y representantes de pastores evangélicos que manipulan la religión en asociación con la extrema derecha)."
El único sacerdote católico entre los 36 acusados por la Policía Federal en su investigación es el padre José Eduardo de Oliveira e Silva, de la diócesis de Osasco. Está acusado de participar en una reunión con dos de los otros acusados. El sacerdote tiene 435 mil seguidores en Instagram y videos en YouTube con más de 7 millones de vistas.
Según los firmantes del documento, "la participación de personajes de las élites políticas, económicas y religiosas en asociación con algunos militares de alto rango de las Fuerzas Armadas en golpes de Estado del pasado y del presente hace explícita la relación autoritaria que sustenta las estructuras de poder en nuestro país."
Al final de la nota, llaman a "sectores de la sociedad civil, entidades de clase que defienden y luchan por el Estado Democrático de Derecho..., entidades religiosas (como la CNBB, iglesias y tradiciones que no se alinean con la extrema derecha), sindicatos, movimientos sociales y otras organizaciones vivas a demostrar públicamente que en Brasil no hay ni habrá espacio para los que atacan la democracia"
"A los que se llaman cristianos es imperativo recordar: La verdadera ética cristiana señala que la omisión y la connivencia son tan graves como el pecado del acto intencional", afirma el documento.
Esta historia fue publicada por primera vez por ACI Digital, socio de noticias en portugués de CNA. Ha sido traducida y adaptada por CNA.
