Por Walter Sánchez Silva
Sala de Prensa de Lima, Sep 4, 2024 / 17:16 pm
La abogada e investigadora Martha Patricia Molina ha denunciado que la dictadura en Nicaragua del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ha deportado a un grupo de sacerdotes y monjas extranjeros que trabajaban en el país centroamericano.
"Hubo dos reuniones. Parece que fueron convocados [a comparecer] desde diferentes congregaciones o desde diferentes partes del país. Todos los sacerdotes y religiosos que asistieron eran extranjeros. Durante el tiempo que estuvieron en esa 'trampa' les mostraron un video de adoctrinamiento de la pareja dictatorial", explicó Molina en entrevista con la edición en español de EWTN Noticias.
El abogado es autor del informe "Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?", que en su quinta entrega publicada el 15 de agosto cita 870 ataques de la dictadura nicaragüense contra la Iglesia católica desde 2018, año en que hubo manifestaciones generalizadas contra el régimen autoritario y sus impopulares reformas propuestas.
Molina también explicó que los religiosos y religiosas fueron amenazados con ser encarcelados o deportados si decían o hacían algo que la dictadura pudiera considerar hostil.
"Tuve información de que algunos de los religiosos fueron deportados del país y también se les prohibió hablar porque hay algunos religiosos, de esas mismas congregaciones que permanecen en el país y [tampoco pueden decir nada]: Están bajo amenaza constante de la dictadura", denunció.
Molina también se refirió a la medida del régimen de cancelar 1.500 organizaciones sin fines de lucro o no gubernamentales, entre ellas cientos de organizaciones católicas y evangélicas, e incluso el fondo de jubilación de los sacerdotes que existía desde hacía 24 años y que había sido congelado por la dictadura el año pasado.
"Esto perjudica gravemente a los sacerdotes enfermos y jubilados y también nos roba a los laicos y a la Iglesia católica, que habíamos aportado constantemente a este fondo para después [poder] mantener su salud y también dar alguna ayuda -que bien se merecen- a los sacerdotes jubilados", explicó el investigador en el exilio a EWTN Noticias.
"Es que es la forma de hacer las cosas de los sandinistas: Todo lo roban, todo lo hacen desaparecer y lo utilizan en beneficio del propio partido, y también para seguir utilizándolo en la represión. Esto es algo que la Iglesia no va a recuperar", dijo.
Además de los impuestos al patrimonio y a las donaciones caritativas aprobados por el Legislativo el 22 de agosto, y con la cancelación del fondo de jubilación de los sacerdotes, "lo que está haciendo la dictadura es asfixiar, cada vez más, a la Iglesia católica, ya que, con todos los atentados que ha cometido, no ha podido hacer desaparecer por completo la fe y la religión católica de Nicaragua, que es lo que ellos quieren", dijo Molina.
En esta ola de cierres de organizaciones sin fines de lucro, "también se vieron afectados innumerables colegios religiosos pertenecientes a diferentes órdenes... A estos colegios, desde el año 2020, se les han confiscado sus cuentas de ahorro, congeladas por la dictadura", denunció Molina.
Un ejemplo atroz, la Universidad Centroamericana (UCA) de los jesuitas, fue confiscada en 2023 y no ha vuelto a funcionar hasta el día de hoy, ya que la dictadura nicaragüense no sabe "qué va a hacer con todos estos colegios, que están próximos a ser confiscados, porque no los van a poder administrar"."
"Por el momento", señaló Molina, "tienen a las monjas, a los hermanos a cargo de los colegios, pero los han amenazado, diciéndoles que todo el dinero que obtengan por el pago de las matrículas irá a las arcas del Frente Sandinista y también que tendrán vigilancia permanente en cuanto a la educación"."
"Hasta la fecha no les han quitado los colegios, pero de hecho está en la ley que todos esos bienes pasarán al Estado", advirtió.
La decisión de cancelar las mil 500 organizaciones fue anunciada mediante el acuerdo ministerial 38-2024-OSFL, publicado el 19 de agosto en el diario oficial del gobierno La Gaceta y firmado por la titular del Ministerio de Gobernación de Nicaragua, María Amelia Coronel Kinloch.
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El texto establece que la Fiscalía General debe transferir los activos líquidos y fijos de todas estas organizaciones "a título del Estado de Nicaragua"
Esta historia fue publicada primero por ACI Prensa, socio de noticias en español de CNA. Ha sido traducida y adaptada por CNA.
