Por Kate Quiñones
CNA Staff, Nov 27, 2024 / 05:30 am
Aquí hay un resumen de los últimos acontecimientos políticos relacionados con la vida en los Estados Unidos.
Más de 100 miembros del Congreso pidieron a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) investigar la cantidad de fondos federales otorgados a los proveedores de aborto a nivel nacional e internacional en los últimos tres años, incluyendo Planned Parenthood Federation of America y sus afiliados.
Ciento doce congresistas firmaron la carta del 22 de noviembre, encabezada por el representante Chris Smith (republicano de Nueva Jersey), copresidente del Grupo Pro-Vida de la Cámara de Representantes, la senadora Marsha Blackburn (republicana de Tennessee), el representante Robert Aderholt (republicano de Alabama) y la representante Claudia Tenney (republicana de Nueva York). Ochenta y un miembros de la Cámara y 31 senadores firmaron la carta, incluidos los principales líderes como el presidente de la Cámara, Mike Johnson, el líder de la mayoría de la Cámara, Steve Scalise (R-LA), y el líder entrante de la mayoría del Senado, John Thune (R-SD).
Un informe de la GAO de 2023 encontró que entre 2019 y 2021, el gobierno de los Estados Unidos proporcionó $ 1,89 mil millones en fondos federales a proveedores de abortos, incluidos Planned Parenthood Federation of America y MSI Reproductive Choices.
Dos representantes republicanos instaron a los comités de Servicios Armados de la Cámara y el Senado a no ampliar la cobertura del seguro médico de fertilización in vitro (FIV) para el personal militar, citando altos costos y preocupaciones éticas.
En una carta del 21 de noviembre, los Reps. Matt Rosendale (MT) y Josh Brecheen (OK) pidieron a los líderes de los comités en ambas cámaras que no incluyan disposiciones que amplíen el acceso al método de tratamiento de fertilidad que implica la creación artificial de muchos embriones, la mayoría de los cuales nunca nacen.
En la carta, Rosendale y Brecheen señalaron: "No hay límites bajo la ley actual sobre cuántos embriones se pueden crear en un ciclo de FIV". Los dos dijeron que los Centros para el Control de Enfermedades no podían proporcionar "información básica" como cuántos embriones son examinados para la selección de sexo o anomalías genéticas, o cuántos embriones son destruidos cada año.
Los representantes señalaron que en 2021 hubo "4,1 millones de niños embrionarios creados a través de FIV, pero sólo 97.128 de esos niños nacieron", lo que significa que sólo el 2,3% de los niños embrionarios llegan a nacer, según cifras de los CDC y el Consejo de Investigación Familiar. Los representantes pidieron al Congreso que "proteja a los más vulnerables y rechace cualquier disposición que conduzca a la destrucción de vidas humanas inocentes."
En lo que respecta a la FIV, los legisladores tienen opiniones opuestas. Los defensores de esta tecnología la consideran favorable a la familia, mientras que los detractores señalan la pérdida de vidas no nacidas, inherente al proceso. Rosendale, un católico que se retira del Congreso, comparte estas últimas preocupaciones morales y éticas.
La Iglesia católica enseña que la FIV no es un método moral de tratamiento de la fertilidad porque separa la concepción del acto conyugal y porque se crean múltiples embriones sólo para ser desechados.
Se ha presentado un proyecto de ley en la legislatura de Texas para reclasificar las píldoras abortivas como sustancias de la Lista IV, lo que significa que los fármacos se considerarían sustancias controladas. Los fármacos se utilizan en abortos, así como para la atención de abortos involuntarios y otros usos. La primera píldora del régimen, la mifepristona, priva al feto de los nutrientes necesarios, mientras que la segunda, el misoprostol, induce el parto del niño fallecido.
Pat Curry, republicano de Waco, presentó la HB 1339 el 14 de noviembre. Si se aprueba, el proyecto de ley entraría en vigor el 1 de septiembre de 2025. También designaría al relajante muscular carisoprodol como sustancia controlada, además de los dos fármacos abortivos. La Ley de Sustancias Controladas de Texas dicta que la posesión de una receta fraudulenta se castiga con una multa de hasta 2.000 dólares o 180 días de cárcel.
La medida sigue a la reclasificación de la píldora abortiva del estado de Luisiana a principios de este año.
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