Por Daniel Payne
CNA Staff, Feb 11, 2025 / 13:05 pm
Una coalición de más de dos docenas de grupos religiosos está demandando a la Casa Blanca por su política que permite a los agentes de inmigración arrestar a presuntos inmigrantes ilegales en casas de culto y otros "lugares sensibles"
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bajo el presidente Donald Trump derogó el mes pasado las directrices de la era Biden que requerían que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pidieran la aprobación de su superior antes de arrestar a personas en o cerca de "lugares sensibles" como iglesias, hospitales o escuelas.
Las normas derogadas, cuyas versiones anteriores datan de 2011, impedían a los agentes del ICE llevar a cabo acciones de aplicación de la ley de inmigración en lugares como hospitales, lugares de culto, escuelas o durante eventos como bodas o desfiles, a menos que exista una necesidad urgente, como una persona que represente una amenaza inminente o si los agentes han solicitado la aprobación superior para hacerlo.
Un portavoz del DHS dijo el mes pasado que la derogación de la política significaba que "los delincuentes ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados".
En su demanda, presentada el martes ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. en Washington, D.C., los 27 grupos religiosos, entre ellos la Iglesia Menonita, la Iglesia Episcopal, la Conferencia General de los Amigos, y varios grupos judíos, incluida la Asamblea Rabínica con sede en Nueva York, argumentan que la aplicación de las detenciones de inmigración en las iglesias es "una carga sustancial para el ejercicio religioso" de las congregaciones y los miembros de los demandantes.
"Las congregaciones están experimentando una disminución en la asistencia al culto y la participación en los servicios sociales debido al temor a las medidas de aplicación de inmigración", dice la demanda.
"Para los feligreses vulnerables que siguen asistiendo a los servicios religiosos, las congregaciones deben elegir entre exponerlos a la detención o adoptar medidas de seguridad que están en tensión directa con sus deberes religiosos de acogida y hospitalidad".
La demanda argumenta además que el DHS "burló las restricciones legales sobre la acción de la agencia" al apresurarse a derogar la norma con demasiada rapidez, una medida que los demandantes afirman que violó la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
La demanda, que nombra al DHS, a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, argumenta que la acción del DHS viola la Ley federal de Restauración de la Libertad Religiosa, así como la Primera Enmienda y la norma administrativa federal.
La administración Trump se ha movido rápidamente para implementar políticas de inmigración agresivas y de gran alcance tras la toma de posesión del presidente Donald Trump el mes pasado, una medida que ha provocado críticas de algunos católicos.
El Papa Francisco escribió el martes a los obispos estadounidenses argumentando que las leyes y políticas de inmigración deben estar subordinadas al trato digno de las personas, especialmente de las más vulnerables.
La carta, que fue ampliamente vista como un reproche a la administración Trump, reconoció que el trato justo a los inmigrantes no impide el desarrollo de políticas que regulen una migración ordenada y legal.
Pero "lo que se construye sobre la base de la fuerza y no sobre la verdad de la igual dignidad de todo ser humano comienza mal y terminará mal", argumentó el papa.
Siguiendo las órdenes ejecutivas de Trump sobre inmigración, numerosos obispos estadounidenses han respondido pidiendo de manera similar un enfoque más integral y humano de la política de inmigración que respete la dignidad de los migrantes y refugiados.
Los obispos han seguido pronunciándose sobre la inmigración periódicamente en las últimas semanas. Los obispos católicos de Minnesota, por ejemplo, publicaron una declaración el 7 de febrero en la que abogaban por una "reforma integral de la inmigración para arreglar nuestro sistema roto", al tiempo que instaban a la administración Trump a abstenerse de deportar a los migrantes sin antecedentes penales.
Los obispos de Charlotte y Raleigh, Carolina del Norte, por su parte, emitieron la semana pasada una declaración conjunta en la que reconocían "espacio para el desacuerdo y la discusión con respecto a la política de inmigración", al tiempo que abogaban por "el reconocimiento de que los inmigrantes, como miembros de la familia humana de Dios, merecen y deben recibir la dignidad apropiada como nuestros hermanos y hermanas en el Señor".
